— Las inversiones en inmuebles finalizados, en fase de construcción o sobre plano. Las inversiones en viviendas acogidas a algún régimen de protección pública se atendrán a la legislación especial que le resulte de aplicación.

— Las opciones de compra, cuando el valor de la prima no supere el 5 por ciento del precio del inmueble, así como a los compromisos de compra a plazo de inmuebles, siempre que el vencimiento de las opciones y compromisos no supere el plazo de dos años y que los contratos sean transmisibles.

— La titularidad de otros derechos reales sobre bienes inmuebles y concesiones administrativas siempre que su objeto sea el arrendamiento.

Las inversiones en inmuebles a través de compra sobre plano y los compromisos de compra no podrán representar más del 40 por ciento del activo; teniendo en cuenta que las opciones y los compromisos de compra a plazo se valorarán por el precio total de los inmuebles objeto del contrato. Las inversiones en opciones de compra no podrán superar el 10 por ciento del patrimonio, valorándose por la prima total pagada.

Los bienes inmuebles que formen parte del activo de la Institución de Inversión Colectiva no podrán enajenarse hasta pasados tres años desde su adquisición, salvo casos excepcionales autorizados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Los fondos de inversión inmobiliaria deberán seguir la siguiente política de inversión:

Los fondos de inversión inmobiliarios son fondos dirigidos a inversores a largo plazo y conservadores. Su principal inconveniente es que se trata de fondos de inversión menos líquidos que los Fondos de inversión que invierten en activos financieros al no poderse rembolsar la participación en cualquier momento. El valor liquidativo deberá ser fijado, al menos, mensualmente por la sociedad gestora del fondo.

Los Fondos de Inversión Inmobiliaria (FII) constituyen en, cierto modo, una alternativa a la inversión directa en vivienda u otros inmuebles.

Los fondos de inversión inmobiliaria permiten acceder a esta modalidad de inversión con el desembolso de importes menos significativos y beneficiándose de la seguridad y rentabilidad de la inversión en vivienda. Esta rentabilidad viene dada por la renta generada por los alquileres y la revalorización de los inmuebles.

Los bienes inmuebles y los derechos en que se invierte deberán tasarse al menos una vez al año, así como en su momento de adquisición o venta.